Por el
bienestar de los niños: La adopción por parejas del mismo sexo desde la
perspectiva de la Corte
En los últimos meses en nuestro país un tema que ha tocado
las opiniones sensibles de diversos estudiosos del derecho, políticos, padres
de familia, parejas del mismo sexo entre otros, es la adopción igualitaria; sin
embargo lo que más llama la atención es la inobservancia que alrededor del tema
se ha tenido sobre el aspecto de: ¿qué quieren los niños?, puesto que hoy por
hoy el interés superior del menor es un principio trascendental en la toma de
cualquier decisión administrativa o judicial, este debe ser tenido en cuenta;
en este punto surgen discrepancias como las siguientes: ¿Quién tiene el derecho para determinar lo que es mejor para el menor?
¿Qué criterios se deben tener en cuenta para permitir que una pareja del mismo
sexo adopte a un menor de edad? ¿Se debe reevaluar el concepto de familia?,
sin duda alguna son interrogantes que generan opiniones mediáticas, es por ello
que con extracción de lo anterior se puede determinar que un factor inamovible
es el que constituye el interés superior del menor, vemos entonces que más allá
del derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo, se encuentran
todos aquellos principios que garantizan el bienestar y la protección del niño.
Según Miguel Cillero Bruñol: “Generalmente, se cree que el interés superior del niño es una directriz
vaga, indeterminada y sujeta a múltiples interpretaciones, tanto de carácter
jurídico como psicosocial, que constituiría una especie de excusa para tomar
decisiones al margen de los derechos reconocidos en razón de un etéreo interés
superior de tipo extra-jurídico”. Precisamente
este constituye el punto álgido de este breve ensayo, en virtud que no se trata
de fundamentar decisiones que atiendan a la inseguridad jurídica sino más bien
el desarrollo de garantías anudadas a los derechos humanos que posee el menor
sobre el concepto de igualdad y a la especialidad del tratamiento tratándose de
un sujeto de especial protección.
En primer lugar se debe establecer que el llamado Principio
del Interés Superior del niño tiene su asidero normativo en la Convención
Internacional sobre los Derechos de los Niños de 1989 y el Comité de los Derechos
del Niño, establecido por la propia Convención, que ha señalado que el interés
superior del niño es uno de los principios generales de la Convención, llegando
a considerarlo como principio "rector-guía" de ella. Dworkin señala que los principios son proposiciones que describen derechos cuyo
cumplimiento es una exigencia de la justicia, ello supone que ante
diferencia o discusión sobre la aplicación de uno u otro derecho, el principio
intervendría resolviendo el conflicto, lo que quiere decir que es de
obligatorio
cumplimiento.
Por lo anterior la Corte Interamericana de Derechos Humanos como Tribunal de
protección de los derechos humanos en su competencia: subsidiaria y
complementaria adquirida por nuestro País Colombia a la firma del convenio, en
lo que concierne a los niños y las niñas es primordial atender al Interés
superior del niño como lo establece la Convención de Derechos del Niño
instrumento perteneciente al Sistema Interamericano y la Convención de derechos
en el artículo 19 donde se expresa que
el menor debe recibir medidas de protección, entre ellas podemos destacar la
adopción.
En relación al interés superior del
niño, la Corte reitera que este principio regulador de la normativa de los
derechos de las niñas y los niños se funda en la dignidad misma del ser humano,
en las características propias de los niños y las niñas, y en la necesidad de
propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus
potencialidades. [1]
Para
el caso de la adopción por parejas del mismo sexo, se debe dejar claro que el
carácter vinculante de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos es evidente a través del artículo 1.1 de la mencionada
convención es por ello que resulta obligatorio suprimir los ‘preceptos’ y las
‘prácticas’ de cualquier naturaleza que entrañen una violación de las garantías[2]
previstas en la Convención.[3]
“Este deber general del Estado Parte implica que las medidas del derecho
interno han de ser efectivas (principio del effet utile), para el cual el
Estado debe ‘adaptar’ su actuación a la normativa de protección de la convención”[4]
(el entrecomillado nos pertenece) (Hitters,
Juan Carlos, 2008).
En esa
medida la Corte Interamericana de Derechos Humanos rechaza
toda aquella interpretación que se dé a partir de categorías o clasificaciones sospechosas, tomando en cuenta
diferencias de credo, raza, nacionalidad, orientación sexual etc que nunca
pueden constituir la base para una clasificación constitucional válida, incluso
aunque dicha clasificación fuera razonable. Así pues,
la
Corte constata que la determinación del interés superior del niño, en casos de
cuidado y custodia de menores de edad se debe hacer a partir de la evaluación
de los comportamientos parentales específicos y su impacto negativo en el
bienestar y desarrollo del niño según el caso, los daños o riesgos reales y
probados, y no especulativos o imaginarios. Por tanto, no pueden ser admisibles
las especulaciones, presunciones, estereotipos o consideraciones generalizadas
sobre características personales de los padres o preferencias culturales
respecto a ciertos conceptos tradicionales de la familia[5]
Según la perspectiva de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos una determinación que se base en presunciones infundadas y
estereotipadas sobre la capacidad e idoneidad parental para garantizar el
bienestar y desarrollo del niño no es adecuada para que se alcance el fin legítimo
del interés superior del niño. La Corte considera que
no son admisibles las consideraciones basadas en estereotipos por la
orientación sexual, es decir, pre-concepciones de los atributos, conductas o
características poseídas por las personas homosexuales o el impacto que estos
presuntamente puedan tener en las niñas y los niños[6]
La
Corte resalta que la “American Psychological Association”, mencionada por la
perita Jernow, ha calificado los estudios existentes sobre la materia como
“impresionantemente consistentes en su fracaso para identificar algún déficit
en el
desarrollo
de los niños criados en un hogar gay o lésbico […] las capacidades de personas
gays o lesbianas como padres y el resultado positivo para sus hijos no son
áreas donde los investigadores científicos más autorizados disienten”. En
consecuencia, la perita concluyó que: cuando la especulación sobre un futuro
daño potencial para el desarrollo del niño es refutado de manera sólida por
toda investigación científica existente, dicha especulación no puede establecer
las bases probatorias para la determinación de la custodia. CASO ATALA RIFFO Y NIÑAS VS. CHILE.
No puede ser admisible entonces que ante la necesidad
imperiosa del niño de tener una familia, de
garantizar por parte del Estado y la sociedad su desarrollo integral
armónico y la protección que merecen, se contrapongan estigmas sin fundamento.
Entonces a la pregunta ¿Qué quieren los niños? solo cabe
decir a prima facie: DERECHOS Y
GARANTÍAS.
[1]
Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 de
28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párr. 56. En igual sentido, ver:
Preámbulo de la Convención Americana.
[2]
Corte IDH, Caso Yatama vs. Nicaragua, Sentencia de 23 de junio de 2005, Serie C
No. 127, párr. 120.
[3]
Corte IDH, Caso Caesar vs. Trinidad y Tobago, Sentencia 11 de marzo 2005, Serie
C No. 123, párr. 91; Caso Lori Berenson Mejía, Sentencia de 25 de noviembre de
2004, Serie C No. 119, párr. 219; Caso “Instituto de Reeducación del Menor”,
Sentencia de 2 de septiembre de 2004, Serie C No. 112, párr. 206; Opinión
Consultiva OC-18/03, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes
Indocumentados, del 17 de septiembre de 2003, Serie A No. 18, párr. 101
[4]
Caso Yatama vs. Nicaragua (cit.), párr. 170; Caso Lori Berenson Mejía (cit.),
párr. 220; Caso “Instituto de Reeducación del Menor” (cit.), párr. 205 y Caso
Bulacio vs. Argentina, Sentencia de 18 de septiembre de 2003, Serie C No. 100,
párr. 142
[5]
Cfr., inter alia, en Australia: In the Marriage of C. and J.A. Doyle, (1992) 15
Fam. L.R. 274, 274, 277 (“el estilo de vida de los progenitores no es relevante
sin considerar sus consecuencias en el bienestar del niño”); en las Filipinas:
Corte Suprema de las Filipinas, Joycelyn Pablo-Gualberto v. Crisanto Rafaelito
Gualberto, G.R. No. 156254 de 28 de junio de 2005, señalando que la preferencia
sexual en sí misma no es muestra de la incompetencia parental de ejercer la
custodia de menores.
[6]
Sobre el concepto de estereotipos, mutatis mutandi, cfr. Caso González y otras
(“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 401.

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