sábado, 15 de abril de 2017

Por el bienestar de los niños.



Por el bienestar de los niños: La adopción por parejas del mismo sexo desde la perspectiva de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos






Museo del Oro. Santa Marta. 2016


En los últimos meses en nuestro país un tema que ha tocado las opiniones sensibles de diversos estudiosos del derecho, políticos, padres de familia, parejas del mismo sexo entre otros, es la adopción igualitaria; sin embargo lo que más llama la atención es la inobservancia que alrededor del tema se ha tenido sobre el aspecto de: ¿qué quieren los niños?, puesto que hoy por hoy el interés superior del menor es un principio trascendental en la toma de cualquier decisión administrativa o judicial, este debe ser tenido en cuenta; en este punto surgen discrepancias como las siguientes: ¿Quién tiene el derecho para determinar lo que es mejor para el menor? ¿Qué criterios se deben tener en cuenta para permitir que una pareja del mismo sexo adopte a un menor de edad? ¿Se debe reevaluar el concepto de familia?, sin duda alguna son interrogantes que generan opiniones mediáticas, es por ello que con extracción de lo anterior se puede determinar que un factor inamovible es el que constituye el interés superior del menor, vemos entonces que más allá del derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo, se encuentran todos aquellos principios que garantizan el bienestar y la protección del niño.

Según Miguel Cillero Bruñol: “Generalmente, se cree que el interés superior del niño es una directriz vaga, indeterminada y sujeta a múltiples interpretaciones, tanto de carácter jurídico como psicosocial, que constituiría una especie de excusa para tomar decisiones al margen de los derechos reconocidos en razón de un etéreo interés superior de tipo extra-jurídico”.  Precisamente este constituye el punto álgido de este breve ensayo, en virtud que no se trata de fundamentar decisiones que atiendan a la inseguridad jurídica sino más bien el desarrollo de garantías anudadas a los derechos humanos que posee el menor sobre el concepto de igualdad y a la especialidad del tratamiento tratándose de un sujeto de especial protección.

En primer lugar se debe establecer que el llamado Principio del Interés Superior del niño tiene su asidero normativo en la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños de 1989  y el Comité de los Derechos del Niño, establecido por la propia Convención, que ha señalado que el interés superior del niño es uno de los principios generales de la Convención, llegando a considerarlo como principio "rector-guía" de ella.  Dworkin señala que los principios son proposiciones que describen derechos cuyo cumplimiento es una exigencia de la justicia, ello supone que ante diferencia o discusión sobre la aplicación de uno u otro derecho, el principio intervendría resolviendo el conflicto, lo que quiere decir que es de obligatorio cumplimiento. Por lo anterior la Corte Interamericana de Derechos Humanos como Tribunal de protección de los derechos humanos en su competencia: subsidiaria y complementaria adquirida por nuestro País Colombia a la firma del convenio, en lo que concierne a los niños y las niñas es primordial atender al Interés superior del niño como lo establece la Convención de Derechos del Niño instrumento perteneciente al Sistema Interamericano y la Convención de derechos en el artículo 19  donde se expresa que el menor debe recibir medidas de protección, entre ellas podemos destacar la adopción.

En relación al interés superior del niño, la Corte reitera que este principio regulador de la normativa de los derechos de las niñas y los niños se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños y las niñas, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades. [1]

Para el caso de la adopción por parejas del mismo sexo, se debe dejar claro que el carácter vinculante de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es evidente a través del artículo 1.1 de la mencionada convención es por ello que resulta obligatorio suprimir los ‘preceptos’ y las ‘prácticas’ de cualquier naturaleza que entrañen una violación de las garantías[2] previstas en la Convención.[3] “Este deber general del Estado Parte implica que las medidas del derecho interno han de ser efectivas (principio del effet utile), para el cual el Estado debe ‘adaptar’ su actuación a la normativa de protección de la convención”[4] (el entrecomillado nos pertenece) (Hitters, Juan Carlos, 2008).

En esa medida la Corte Interamericana de Derechos Humanos  rechaza toda aquella interpretación que se dé a partir de categorías o clasificaciones sospechosas, tomando en cuenta diferencias de credo, raza, nacionalidad, orientación sexual etc que nunca pueden constituir la base para una clasificación constitucional válida, incluso aunque dicha clasificación fuera razonable. Así pues,

la Corte constata que la determinación del interés superior del niño, en casos de cuidado y custodia de menores de edad se debe hacer a partir de la evaluación de los comportamientos parentales específicos y su impacto negativo en el bienestar y desarrollo del niño según el caso, los daños o riesgos reales y probados, y no especulativos o imaginarios. Por tanto, no pueden ser admisibles las especulaciones, presunciones, estereotipos o consideraciones generalizadas sobre características personales de los padres o preferencias culturales respecto a ciertos conceptos tradicionales de la familia[5]

Según la perspectiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos una determinación que se base en presunciones infundadas y estereotipadas sobre la capacidad e idoneidad parental para garantizar el bienestar y desarrollo del niño no es adecuada para que se alcance el fin legítimo del interés superior del niño. La Corte considera que no son admisibles las consideraciones basadas en estereotipos por la orientación sexual, es decir, pre-concepciones de los atributos, conductas o características poseídas por las personas homosexuales o el impacto que estos presuntamente puedan tener en las niñas y los niños[6]

La Corte resalta que la “American Psychological Association”, mencionada por la perita Jernow, ha calificado los estudios existentes sobre la materia como “impresionantemente consistentes en su fracaso para identificar algún déficit en el desarrollo de los niños criados en un hogar gay o lésbico […] las capacidades de personas gays o lesbianas como padres y el resultado positivo para sus hijos no son áreas donde los investigadores científicos más autorizados disienten”. En consecuencia, la perita concluyó que: cuando la especulación sobre un futuro daño potencial para el desarrollo del niño es refutado de manera sólida por toda investigación científica existente, dicha especulación no puede establecer las bases probatorias para la determinación de la custodia.  CASO ATALA RIFFO Y NIÑAS VS. CHILE.

No puede ser admisible entonces que ante la necesidad imperiosa del niño de tener una familia, de  garantizar por parte del Estado y la sociedad su desarrollo integral armónico y la protección que merecen, se contrapongan estigmas sin fundamento.
Entonces a la pregunta ¿Qué quieren los niños? solo cabe decir a prima facie: DERECHOS Y GARANTÍAS.  




[1] Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párr. 56. En igual sentido, ver: Preámbulo de la Convención Americana.
[2] Corte IDH, Caso Yatama vs. Nicaragua, Sentencia de 23 de junio de 2005, Serie C No. 127, párr. 120.
[3] Corte IDH, Caso Caesar vs. Trinidad y Tobago, Sentencia 11 de marzo 2005, Serie C No. 123, párr. 91; Caso Lori Berenson Mejía, Sentencia de 25 de noviembre de 2004, Serie C No. 119, párr. 219; Caso “Instituto de Reeducación del Menor”, Sentencia de 2 de septiembre de 2004, Serie C No. 112, párr. 206; Opinión Consultiva OC-18/03, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, del 17 de septiembre de 2003, Serie A No. 18, párr. 101
[4] Caso Yatama vs. Nicaragua (cit.), párr. 170; Caso Lori Berenson Mejía (cit.), párr. 220; Caso “Instituto de Reeducación del Menor” (cit.), párr. 205 y Caso Bulacio vs. Argentina, Sentencia de 18 de septiembre de 2003, Serie C No. 100, párr. 142
[5] Cfr., inter alia, en Australia: In the Marriage of C. and J.A. Doyle, (1992) 15 Fam. L.R. 274, 274, 277 (“el estilo de vida de los progenitores no es relevante sin considerar sus consecuencias en el bienestar del niño”); en las Filipinas: Corte Suprema de las Filipinas, Joycelyn Pablo-Gualberto v. Crisanto Rafaelito Gualberto, G.R. No. 156254 de 28 de junio de 2005, señalando que la preferencia sexual en sí misma no es muestra de la incompetencia parental de ejercer la custodia de menores.
[6] Sobre el concepto de estereotipos, mutatis mutandi, cfr. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 401.

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