HILANDO DELGADO CON EL PROCESO DE PAZ.
Por: AC
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| Perú- Pucallpa. 2015 |
Memorias...
Diversas
opiniones de distintos canales de información se han desarrollado en torno al
fallo del Consejo de Estado[1] para el caso de la Toma de
Patascoy, muchas de ellas indican que los militares fueron víctimas del propio
Estado; que el fallo cerró el debate sobre si son o no víctimas; y que abre el camino para garantizar los
derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de estos
y sus familias, se debe aclarar entonces que aunque no fue el primer fallo[2] en reparar a victimas
militares de la Base de Patascoy, sentó precedente jurisprudencial por cuanto
aclaró las dudas sobre si los militares pueden ser considerados como víctimas.
En
contraposición y debido al momento de diálogos de paz desarrollado entre las
Farc y el Estado Colombiano, este fallo llega para dar un ‘empujoncito’ sobre
el punto a determinar si los militares son víctimas o no y más importante su
justificación que no puede compararse a la situación de los insurgentes por
cuantos estos a primera vista en oposición a víctimas son delincuentes.
Así
pues, se constituye en un tema tan delicado y del que hoy por hoy desde que
inició el proceso de paz tiene cerca de 6.800 policías y militares como
víctimas que en su mayoría se ha comprobado les fueron violados sus derechos
humanos.
En
palabras de Javier Francisco Núñez Arias[3]: “En cierta forma la persona que sigue la carrera de las armas para
defender a su nación, es alguien que está destinado al sacrificio. Al soldado y
al policía se le entrena para que vaya a la guerra o confronte al delincuente
armado. Su oficio principal es
enfrentarse a un adversario en el campo de batalla y cobrar su vida o
entregar la propia si es necesario. Antes de partir al cumplimiento de su
misión, este servidor público sabe que su vida va estar en alto riesgo. Estos
ciudadanos son las únicas personas que el Estado contrata y prepara para que,
llegado el caso, se conviertan en víctimas. Con respecto al conflicto armado,
cualquier otro colombiano puede llegar a ser víctima, pero de manera fortuita o
por acción colateral”.
Por
consiguiente quien más que el militar y el policía como sujetos pasivos del
conflicto armado y sobre todo sus familias; se pudiera decir entonces que este
fallo demuestra a las instituciones estatales que se está incurriendo en
errores, falencias que vulneran esos mínimos y máximos del DIH y el DD HH
respectivamente, que hacer la guerra resulta más costoso y que el remedio salió
más caro que la enfermedad.
Al
respecto conviene decir que el Consejo de Estado toma como concepto de victima
aquel desarrollado de manera amplia por el Derecho Internacional Humanitario,
puesto que, a nivel interno la normatividad a grandes luces se queda corta para
garantizar a todos los ciudadanos la protección de sus derechos, es debido a la
evolución del Derecho Internacional Humanitario y el bloque de
constitucionalidad en Colombia que el concepto de victima nace independiente de
la individualización del daño y del actor.
Entonces,
¿Quién es víctima a nivel universal? “toda
persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones
físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo
sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u
omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas
internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho
internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho
interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia inmediata o las
personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños
al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la
victimización”.[4]
A esta
instancia surge entonces la pregunta si ¿Hacer la paz implica negarse a la
justicia? O ¿Es la paz una utopía donde la justicia es una nube de ilusiones?
El marco jurídico para la Paz en opiniones varias constituye por un lado un carruaje
hacia la impunidad; un avance hacia el aprendizaje de errores pasados, esta
sentencia del Consejo de Estado podría ser identificada como un instrumento del
Post-conflicto, a pesar de que faltan elementos de juicio que la Corte
Constitucional debe aportar. Son simples interrogantes que surgen en el
análisis del contexto actual del país.
Observemos
como entonces la obligación de prestar el servicio obligatorio y la
voluntariedad de escoger la carrera militar o policial no implica la renuncia a
los derechos fundamentales y humanos, estos no mutan por tratarse de personal
militar es por ello que no cabe un acto de distinción entre las personas, sin
embargo entre los insurgentes si vale la pena resaltar que el Estado sobre
estos no tiene alguna posición de garante y como tal han decidido ir en contra
de él.
En
síntesis es un tema coyuntural, estas víctimas incluidas sus familias, en la
actualidad están siendo registradas para acceder a las indemnizaciones
administrativas por parte del Estado, teniendo en cuenta las otras miles de
víctimas del desplazamiento por ejemplo, traerán consecuencias que desde ya se
prevén para el presupuesto público, esperando que este mecanismo sea conforme a
los derechos de las victimas y que el tejido del proceso de paz pueda soportar
este y otros problemas que afectan de manera directa a la sociedad.
[1]
CONSEJERO PONENTE: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA veinte (20) de octubre
(2014) Radicación: 52001-23-31-000-1998-00352-01 (31250)
[2]
CONSEJERA PONENTE (E): GLADYS AGUDELO ORDÓÑEZ, siete (7) de abril de dos mil
once (2011) Expediente No.: 52001-23-31-000-1998-0518-01
(19.427)
[5] Sentencia de 15 de
octubre de 2008. Exp.18586.

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