sábado, 15 de abril de 2017




HILANDO DELGADO CON EL PROCESO DE PAZ.
Por: AC

Perú- Pucallpa. 2015





Memorias...

Diversas opiniones de distintos canales de información se han desarrollado en torno al fallo del Consejo de Estado[1] para el caso de la Toma de Patascoy, muchas de ellas indican que los militares fueron víctimas del propio Estado; que el fallo cerró el debate sobre si son o no víctimas;  y que abre el camino para garantizar los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de estos y sus familias, se debe aclarar entonces que aunque no fue el primer fallo[2] en reparar a victimas militares de la Base de Patascoy, sentó precedente jurisprudencial por cuanto aclaró las dudas sobre si los militares pueden ser considerados como víctimas.

En contraposición y debido al momento de diálogos de paz desarrollado entre las Farc y el Estado Colombiano, este fallo llega para dar un ‘empujoncito’ sobre el punto a determinar si los militares son víctimas o no y más importante su justificación que no puede compararse a la situación de los insurgentes por cuantos estos a primera vista en oposición a víctimas son delincuentes.

Así pues, se constituye en un tema tan delicado y del que hoy por hoy desde que inició el proceso de paz tiene cerca de 6.800 policías y militares como víctimas que en su mayoría se ha comprobado les fueron violados sus derechos humanos.

En palabras de Javier Francisco Núñez Arias[3]: “En cierta forma la persona que sigue la carrera de las armas para defender a su nación, es alguien que está destinado al sacrificio. Al soldado y al policía se le entrena para que vaya a la guerra o confronte al delincuente armado. Su oficio principal es  enfrentarse a un adversario en el campo de batalla y cobrar su vida o entregar la propia si es necesario. Antes de partir al cumplimiento de su misión, este servidor público sabe que su vida va estar en alto riesgo. Estos ciudadanos son las únicas personas que el Estado contrata y prepara para que, llegado el caso, se conviertan en víctimas. Con respecto al conflicto armado, cualquier otro colombiano puede llegar a ser víctima, pero de manera fortuita o por acción colateral”.

Por consiguiente quien más que el militar y el policía como sujetos pasivos del conflicto armado y sobre todo sus familias; se pudiera decir entonces que este fallo demuestra a las instituciones estatales que se está incurriendo en errores, falencias que vulneran esos mínimos y máximos del DIH y el DD HH respectivamente, que hacer la guerra resulta más costoso y que el remedio salió más caro que la enfermedad.

Al respecto conviene decir que el Consejo de Estado toma como concepto de victima aquel desarrollado de manera amplia por el Derecho Internacional Humanitario, puesto que, a nivel interno la normatividad a grandes luces se queda corta para garantizar a todos los ciudadanos la protección de sus derechos, es debido a la evolución del Derecho Internacional Humanitario y el bloque de constitucionalidad en Colombia que el concepto de victima nace independiente de la individualización del daño y del actor.

Entonces, ¿Quién es víctima a nivel universal? “toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización”.[4]

A esta instancia surge entonces la pregunta si ¿Hacer la paz implica negarse a la justicia? O ¿Es la paz una utopía donde la justicia es una nube de ilusiones? El marco jurídico para la Paz en opiniones varias constituye por un lado un carruaje hacia la impunidad; un avance hacia el aprendizaje de errores pasados, esta sentencia del Consejo de Estado podría ser identificada como un instrumento del Post-conflicto, a pesar de que faltan elementos de juicio que la Corte Constitucional debe aportar. Son simples interrogantes que surgen en el análisis del contexto actual del país.

Observemos como entonces la obligación de prestar el servicio obligatorio y la voluntariedad de escoger la carrera militar o policial no implica la renuncia a los derechos fundamentales y humanos, estos no mutan por tratarse de personal militar es por ello que no cabe un acto de distinción entre las personas, sin embargo entre los insurgentes si vale la pena resaltar que el Estado sobre estos no tiene alguna posición de garante y como tal han decidido ir en contra de él. 

El Consejo de Estado ha manifestado que cuando la administración pública impone el deber de prestar el servicio militar, se configura que esa persona que presta tal servicio “se encuentra sometida a su custodia y cuidado”, situándose en una posición de riesgo, “lo que en términos de imputabilidad significa que debe responder por los daños que le sean irrogados relacionados con la ejecución de la carga pública”[5]. Además quienes ingresan voluntariamente no excluye la posibilidad que pueda deducirse la responsabilidad y por tanto la obligación de reparar el daño causado, si se demuestra que el daño fue causado por falla del servicio o por exposición de la víctima a un riesgo excepcional. En reciente precedente el Consejo de Estado reiteró que debe haberse sometido a los miembros de la fuerza pública a asumir riesgos superiores a los que normalmente deben afrontar como consecuencia de las acciones u omisiones imputables al Estado.

En síntesis es un tema coyuntural, estas víctimas incluidas sus familias, en la actualidad están siendo registradas para acceder a las indemnizaciones administrativas por parte del Estado, teniendo en cuenta las otras miles de víctimas del desplazamiento por ejemplo, traerán consecuencias que desde ya se prevén para el presupuesto público, esperando que este mecanismo sea conforme a los derechos de las victimas y que el tejido del proceso de paz pueda soportar este y otros problemas que afectan de manera directa a la sociedad. 



[1] CONSEJERO PONENTE: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA veinte (20) de octubre (2014) Radicación: 52001-23-31-000-1998-00352-01 (31250)
[2] CONSEJERA PONENTE (E): GLADYS AGUDELO ORDÓÑEZ, siete (7) de abril de dos mil once (2011) Expediente No.:                52001-23-31-000-1998-0518-01 (19.427)

[3]
[4] cristalizado en la  Resolución de 16 de diciembre de 2005 A/Res/60/147
[5] Sentencia de 15 de octubre de 2008. Exp.18586.

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